A un año de la sanción del Digesto Jurídico (Ley 9.924), que implicó un exhaustivo trabajo de revisión y consolidación de un universo de unas 4.600 leyes en unas 1.500 generales, la Legislatura presentó el trabajo de actualización correspondiente a 2026, en cumplimiento de la obligación legal de revisar anualmente el ordenamiento normativo, y con el desafío de mantenerlo vigente, ordenado y accesible.

La presentación del trabajo se realizó en el tercer piso del palacio espejado, en una reunión ampliada de la comisión de Digesto Jurídico y Modernización Legislativa. El acto estuvo encabezado por el vicegobernador Miguel Acevedo, quien destacó que el trabajo brinda calidad institucional. “Queríamos leyes que impacten en la sociedad, y créanme que este digesto impacta en la sociedad. Porque es un ordenamiento; es poner blanco sobre negro; es tener claro cuáles son las leyes que nos rigen”, expuso antes de retirarse para participar del acto de inicio de obras del Acueducto de Vipos.

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La presidenta del comité, la legisladora Carolina Vargas Aignasse, hizo un repaso del trabajo que se realizó previamente, luego de 15 años sin un digesto, y las tareas que en el último año llevaron adelante su comisión, la Dirección de Información Parlamentaria y la Dirección de Asesoría Letrada. Además, destacó la labor de sus pares Roque Tobías Álvarez, Alberto Olea, Walter Berarducci, Rodolfo Ocaranza y Eduardo Verón Guerra. Cada uno de ellos explicó las tareas que realizó para la clarificación de distintas normas. La parlamentaria también agradeció el trabajo de sus asistentes y del personal parlamentario.

Vargas Aignasse indicó que en el relevamiento se analizaron 103 leyes sancionadas durante 2025. El estudio permitió identificar siete normas que fueron expresamente derogadas y otras 38 cuyos textos deberán ser consolidados, debido a las modificaciones introducidas por leyes posteriores, según se explicó. La consolidación implica incorporar en un único texto todas las reformas vigentes, con el objetivo de facilitar su consulta e interpretación, tanto para las instituciones como para los ciudadanos.

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En forma paralela, los equipos técnicos realizaron una revisión integral de toda la legislación provincial vigente para determinar si existían normas alcanzadas por criterios de caducidad material. El análisis contempló aspectos como el vencimiento de plazos previstos en las leyes, el cumplimiento de los objetivos para los que fueron dictadas, la finalización de regímenes transitorios y otras circunstancias que pudieran afectar su vigencia.

Como consecuencia de ese trabajo, la legisladora peronista indicó que fueron identificadas alrededor de 150 leyes sobre las que se consideró necesario profundizar el análisis para establecer si corresponde declarar su caducidad. En ese sentido, explicó que se solicitaron informes a diferentes áreas del Poder Ejecutivo con el objetivo de que cada organismo se expida respecto de las normas vinculadas con su ámbito de competencia cuya vigencia pudiera encontrarse comprometida.

Continuidad

Tras la firma de los dictámenes para avanzar con la consolidación de las normas, Vargas Aignasse destacó el darle continuidad al trabajo sancionado en 2025 y remarcó que el objetivo es brindarle a los ciudadanos y a las entidades la posibilidad de encontrar todas las leyes generales vigentes de una manera fácil, ordenada y clara.

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Berarducci, por su parte, señaló que el desafío es traducir las leyes vigentes a un idioma claro y sencillo para la ciudadanía ya que, según una encuesta interna, casi siete de cada diez ciudadanos consultados no conoce cuáles son las normas de convivencia de la provincia.